Excmo. Sr. Elias Suárez
Jefe de Gabinete
Gobierno provincial de Santiago del Estero
Jefe de Gabinete
Gobierno provincial de Santiago del Estero
Barcelona 19 Octubre 2012
Queremos
mostrar nuestra repulsa e indignación por el asesinato del ciudadano
argentino, Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago
del Estero VC el pasado 10 de Octubre.
Como
en el caso del asesinato de Cristian Ferreyra, se conoce el autor
material de los hechos, Paulino Risso Patrón, los instigadores
intelectuales, los propietarios de la empresa Agropecuaria La Paz S.A. y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
Lamentablemente
también se conoce la complicidad de miembros del Gobierno de la
provincia de Santiago del Estero, en la promoción de Guardias
Paramilitares al servicio de los propietarios de las grandes empresas
agropecuarias, que sembrando el miedo, terror, y asesinando a los
pequeños productores campesinos e indígenas santiagueños pretenden ganar
punible e ilegítimamente los derechos de uso de la Tierra.
En
concreto, la complicidad del Ministro de Producción, Recursos
Naturales, Forestación y Tierras de la Provincia, Luis Fernando Gelid
que a sabiendas de la violencia fatal y extrema que ejercen las bandas
paramilitares a sueldo, las promociona, defiende y exhibe orgulloso en
foros privados e institucionales, mostrando con ello la dimensión
perversa y humanamente degradada de su acción de Gobierno .
Este
asesinato está rodeado de otras circunstancias punibles en derecho,
como lo son que en los días previos a los hechos, el hermano de la
victima,Rafael Galván, intentara cursar denuncia penal por amenazas y
agresión física contra cómplices del asesino, en la Comisaria nº 22 y el
Juzgado de Monte Quemado, y que dicha denuncia no fuera atendida por
la policía, argumentando la filiación a MOCASE VC de los demandantes.
Se
vulnera, el Derecho a la libre Asociación reconocida en la República
Argentina y se infringe el deber de las fuerzas de seguridad de la
Provincia de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de sus ciudadanos, lo que los hace cómplices del asesinato.
Por ello pedimos:
-
Que se desmantele y sancione inmediatamente a las bandas armadas de Tala Aranda y la de los Juárez, asesinos de Miguel Galván y Cristian Ferreyra, respectivamente.
-
Que se investigue y detenga a los responsables de la empresa Agropecuaria La Paz S.A, como responsables intelectuales del crimen y por contratar Guardias Blancas.
-
Que se erradique la impunidad de los crímenes cometidos contra las familias campesino-indígenas en la provincia y que se acabe con los desalojos forzosos que violan sus derechos.
-
Que renuncie el juez José Luis Torrelio de Monte Quemado quien no hizo nada ante las múltiples denuncias y que el revolver 38 del asesino que fue secuestrado por la policía de Monte Quemado no desaparezca como desaparecieron los cartuchos y la escopeta itaca que asesinó a Cristian Ferreyra.
-
La renuncia, por conducta degradada, accionar perverso y cómplice, del Ministro de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, Luis Fernando Gelid.
Es
nuestra obligación, convicción y compromiso, dar publicidad
internacional de estos hechos, y denunciar en el sistema de Relatores
Especiales y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas los
detalles y documentos sobre las circunstancias previas, autoria y
complicidad gubernamental del asesinato que relata el presente escrito.
Lo cual se ejecutará en la mayor brevedad.
Instamos
a los Gobiernos de la República y provincial a cumplir su obligación
de proteger a la ciudadanía, especialmente a los miembros más
desfavorecidos, como son las comunidades campesinas e indígenas, les
instamos a cumplir los acuerdos internacionales que en materia de
Derechos Humanos ha firmado el país.
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